En 1988 Argentina sancionó la Ley N° 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios; basándose en el art. 16 de la Constitución Nacional, considera particularmente “los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.”
En 2006 se sancionó la Ley N° 26.510 de Educación Sexual Integral (E.S.I.) que establece el derecho de todos y todas, los educandos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.
En 2009 se sumaría la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En materia de reconocimiento de derechos de LGBTI+, el país fue pionero al sancionar en 2010 la Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario; modificando el Matrimonio Civil regulado por el Código Civil.
En 2012 la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, que reconoce la identidad de género autopercibida de cada persona y su derecho a un trato digno, independientemente del sexo asignado al nacer y de sus registros identificatorios.
La Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, del 2017, constituyó otro avance para lograr reducir las brechas que sostienen las desigualdades por motivos de género.
En 2018, la Ley 27.499 -conocida como Ley Micaela- establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencias por motivos de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.